El Derecho Agrario es la rama jurídica que regula las relaciones sociales y económicas en el ámbito rural, enfocándose en la propiedad de la tierra (ejidos, comunidades, propiedad privada), la producción agropecuaria, ganadera y forestal, y la protección de los recursos naturales, buscando fomentar el desarrollo rural y asegurar el bienestar de la comunidad, basándose en normativas como el Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria en México, y abordando temas como tenencia, asociaciones y sucesiones agrarias.
Reconocimiento y regularización de ejidos.
Dotación y restitución de tierras ejidales.
Sucesiones ejidales (trasmisión de derechos).
Certificación de parcelas y solares (PROCEDE / FANAR).
Delimitación y asignación de parcelas.
Regularización de posesiones en núcleos agrarios.
Conflictos por límites de tierras ejidales.
Conflictos entre ejidatarios, posesionarios y avecindados.
Juicios agrarios ante tribunales unitarios.
Nulidad de actos y acuerdos de asamblea.
Reconocimiento y validez de actas de asamblea.
Impugnación de resoluciones del comisariado ejidal.
Cambios de uso de suelo en ejidos.
Autorización para enajenación o transmisión de derechos ejidales.
Celebración de contratos sobre tierras ejidales (arrendamiento, usufructo, aparcería, asociación rural).
Regularización de tierras comunales.
Asesoría para integración, elección y funcionamiento de órganos ejidales.
Responsabilidad y defensa de comisariados ejidales.
Registro y certificación de documentos ante el RAN.
Expropiaciones agrarias.
Servidumbres de paso para empresas privadas o públicas.
Permisos para vías generales de comunicación, ductos o líneas eléctricas.
Integración y actualización de censos agrarios.
Procedimientos para incorporación de tierras al régimen privado.
Liberación de restricciones agrarias sobre parcelas.
Revisión de contratos celebrados con empresas privadas (energía, minería, telecomunicaciones).
Defensa ante invasiones o perturbaciones de posesión agraria.
Procedimientos para delimitación, deslinde y amojonamiento.
Regularización de sociedades de producción rural (SPR, SAPI, SSS).
Acuerdos de producción agrícola y agroindustrial con inversionistas.
Auditorías legales agrarias para proyectos rurales.
Solución de controversias entre comunidades indígenas y ejidos.
Gestión de apoyos y programas gubernamentales del sector agrario.
Asesoría en conflictos agrarios con autoridades municipales o estatales.
Protección jurídica del patrimonio agrario familiar.
Derechos de preferencia agraria (tanteo y retracto).
Validación de contratos con extranjeros sobre zonas restringidas.
Revisión de reglamentos internos de núcleo agrario.
Asesoría en proyectos de energías renovables en ejidos.